
LA VEGA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron
acusación formal en contra de miembros de una red criminal de testaferros y
prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su
esposa Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia
Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que
enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos
provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa
Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles,
entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López
Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito
Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles
adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones,
Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de
Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de
dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de
2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones
Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos
RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco
Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las
disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9,
numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código
Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República
Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina
de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de
La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas
en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció
que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta
pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas,
materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos
acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa,
mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles
identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual
juicio.



