Santo Domingo, La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó formal sometimiento a la acción de la justicia, por ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de varios funcionarios públicos por falta grave en el ejercicio de sus funciones, al incrementarse el salario y otros beneficios, en alegada violación a la Constitución de la República y a la Ley General de Salario, número 105-13.
El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.
La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la Constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citan: Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incúmbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
FJT lamenta alegada complicidad del gobierno y piden destituciones
Asimismo, Justicia y Transparencia lamentó lo que califican como festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, «y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario», estaca un comunicado enviado a los medios.
En consecuencia, de acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como la pauta la Constitución y la Ley de Función Pública, es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del presidente de la república u órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución.
Someterán otros infractores
Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, anunció que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo estan a la espera de hacer los cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente Órganos Constitucionales, Altas Cortes, Banco Central y otros.
