Santo Domingo.- Los magistrados jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron este jueves la variación de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, impuesta el pasado mes de abril al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales implicados en el caso Calamar.
La magistrada Doris Pujols y los jueces Rafael Báez e Indhira Montás conocieron el recurso y otorgaron una garantía económica de 5 millones de pesos, a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El Ministerio Público imputa al exfuncionario gubernamental de encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compras de inmuebles con sobrecosto.
Además, señala el documento, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por la procuradora adjunta directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como los procuradores fiscales Elvira Rodriguez y Arolin Lemos.
