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Ambientalistas salen al frente a Seaboard; piden investigar licencias otorgadas

Santo Domingo.- Diversas organizaciones ambientalistas salieron al frente a las informaciones emitidas por la empresa Seaboard respecto a los reclamos para que las barcazas de generación eléctrica ubicadas sobre el río Ozama sean trasladadas debido al daño que causan a la salud y al medio ambiente y, la afirmación de la transnacional de que estas demandas obedecen a una campaña sucia en los medios de comunicación.

Explicaron que estas han presentado estudios que demuestran los efectos dañinos de estas plantas, contrario a Seaboard que “no ha mostrado una sola prueba, y tratando de justificar la ilegalidad de sus barcazas se incriminó al admitir que se violó el reglamento de permisos y licencias y varios artículos de la Ley 64-00”.

Reiteraron que para ese tipo de generadores en ese lugar no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según establece el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00, toda vez que las emisiones constantes pueden producir una serie de enfermedades que podrían causar hasta muertes a los moradores de sectores aledaños como Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, Ciudad Colonial, entre otros.

Explicó que Seaboard trató de cuestionar el estudio que recientemente presentó esta coalición de organizaciones y que han entregado a diversas instancias como el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y la Academia de Ciencias, solo con acusaciones, no con otro estudio elaborado por un científico de las competencias y la institución de prestigio internacional que elaboró ese.

Cuevas insistió que Seaboard reconoce su ilegalidad y se incrimina cuando trató de explicar el proceso que han seguido para legalizar sus operaciones, pues la empresa comenzó diciendo que en el año 2017 no le renovaron la licencia porque se emitieron instrumentos jurídicos como decretos para sanear el río y preguntó que, siendo así, “¿cómo puede explicar esa empresa que se hayan mantenido allí sus plantas, cuando está prohibido por la Ley 64-00 y por varios decretos de saneamiento del río Ozama?”

De su lado, Nelson Pimentel, coordinador de litigios concluyó con cuatro llamados fundamentales y concretos 1) al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una auditoría al procedimiento de permisos y liciencias que dice tener Seaboard 2) a la PEPCA para que investigue qué pasó para que el pasado ministro Ángel Estévez, en un contubernio aparente con Seaboard, modificó, unificó licencias y violó de manera flagante la ley para favorecer a Seaboard y 3) al Ministerio de Salud Pública para que concrete la investigación solicitada y que constituya la comisión multidisciplinar para determinar los impactos a la salud de las plantas y 4) al Presidente de la República para que de manera inmediata intervenga para que estas plantas sean reubicadas, trasladadas de su ubicación actual, y se respete la integridad, la salud y la gente que es por lo que debe luchar todo gobierno, toda presidencia y toda institución.

Las instituciones que respondieron a Seaboard fueron el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

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Redacción ContraReloj

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