La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) dijo que las declaraciones de la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, de que la jurisprudencia de la corrupción en la República Dominicana es vergonzosa, son un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.
Un documento firmado por la presidenta de Judemo, la jueza Elka Reyes Olivo, indica que esas declaraciones de la directora nacional de Persecución del Ministerio Público atentan contra la independencia, autonomía, a la majestad de la justicia, a los principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de esa organización.
La organización estimó que con sus declaraciones, Reynoso resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, al lanzar ataques y acusaciones en contra del sistema de justicia, que además de enlodar la imagen de éste, generan una “injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas”. “Tanto nuestra Constitución como la normativa procesal penal dominicana establecen con claridad los roles de todos los actores del sistema penal, así como el procedimiento a agotar en los procesos penales en caso de insatisfacción y desacuerdo, no seguir estas reglas atenta contra el orden legal e institucional y es capaz de afectar de forma significativa la independencia judicial, principal garantía de un Estado de derecho; por tal, debe ser un compromiso de todos ceñirnos a estos y someternos a los principios y reglas, conscientes del impacto de nuestro accionar y del ejercicio democrático de los diferentes roles”, dice el comunicado. Judemo consideraque la publicación de Reynoso en Twitter es una acusación que daña y desacredita a quienes integran la judicatura nacional, incluidas las magistradas Claribel Nivar, Yiselle Soto, Clara Castillo y el magistrado Deiby Peguero.
Rechaza prácticas de uso de redes sociales
La organización instó a Yeni Berenice Reynoso utilizar sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas de uso de redes sociales para emitir acusaciones “graves, difamatorias e injuriosas”, y condicionar la opinión pública en desmedro de lo realmente ocurrido en el escenario judicial.