Será este viernes, a las 2:00 de la tarde, cuando el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, continúe el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, vinculadas por el Ministerio Público a un presunto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la jornada de este jueves, el magistrado escuchó los argumentos de los abogados de los imputados, quienes expusieron sus medios de defensa y los presupuestos que, a su juicio, justifican que sus representados no sean enviados a prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo, debido a la presunta participación de estos en un esquema mediante el cual se habrían facturado y cobrado a SeNaSa autorizaciones correspondientes a procedimientos y consultas médicas que, según consta en el expediente, no habrían sido realizados.
Los imputados
En el caso se imputa a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, a la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida de coerción.
“Cuando analicemos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”, agregó.
Detalló que fueron presentadas 234 pruebas de naturaleza documental, 91 pruebas materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio Público pone a la disposición del tribunal y de las partes como fundamento de las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye de la siguiente manera: Por las razones de hecho y derecho presentadas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses al considerar el Ministerio Público que es la medida que, conforme a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de las imputaciones, garantizarían la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales elementos de prueba a ser colectados por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, expuso.
“Que esta medida de coerción sea impuesta por un período de 18 meses de conformidad con el artículo 230, numeral 7, combinado con el artículo 377, numeral 2, al declarar este tribunal la complejidad del presente proceso”, indicó.
El proceso penal contra otros involucrados
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
