En una declaración pública sin precedentes recientes y reforzada por una entrevista difundida este miércoles, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó su preocupación por lo que considera una creciente estructura informal de difamación y extorsión mediática, amparada en el uso de plataformas digitales, sin controles editoriales ni compromiso con la veracidad.
En el comunicado, Ramos habla en un momento a nombre de la Procuraduría General de la República, cuando dice:
«»Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar, dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas».»
Rosalba Ramos
Fiscal del Distrito Nacional“
La fiscal se dirigió formalmente en el espacio pagado difundido en el periódico El Nuevo Diario.
En ese documento declaró que el Ministerio Público ha identificado un patrón de conducta que configura posibles esquemas de chantaje sistemático, así como el uso de plataformas mediáticas como mecanismo de presión ilegítima.
«El Ministerio Público no permanecerá indiferente», escribió Ramos. «Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas, y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder. Y así lo haremos».
En el comunicado, la fiscal pidió a los gremios de comunicación y a la ciudadanía contribuir a restaurar la ética en el debate público y evitar la conversión del ejercicio periodístico en instrumento de extorsión o descrédito.
La fiscal citó en el documento un total de cinco personas que supuestamente están siendo investigadas por formar parte de un supuesto esquema de extorsión y chantaje. Pero, no citó a Aquiles Jiménez, contra quien han presentado 14 querellas desde el 2021 hasta la fecha, la última de estas fue presentada por Plaza Lama.
