SANTIAGO .- Acogiendo en todas sus formas la solicitud de la Fiscalía de Santiago, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente impuso 12 meses de prisión preventiva y declaró de tramitación
compleja el proceso contra seis imputados de cometer el homicidio de un hombre
en medio del asalto a mano armada que perpetraron en la entidad financiera Banco
de Reservas, del sector La Barranquita, el pasado mes, de donde huyeron con dinero
en efectivo y provocaron heridas de armas de fuego a otras dos personas.
La Fiscalía de Santiago, representada en la audiencia de medida de coerción por los
fiscales Martha González y Elvis Ventura, desarrolló delante del tribunal el esquema
bajo el cual operó la estructura criminal, integrada por Danny Manuel Pimentel de la
Cruz, Willmi Pie (ciudadano haitiano), Joel Fontanilla García (Victorino y/o
Victoriano), Carlos Rafael Rodríguez Báez (Carlitos), Gregorio Núñez Polanco (Niño
Pepe) y Jairo de Jesús Estévez Rodríguez, todos enviados a prisión, así como Gerardo
Antonio Ramírez García (el Tuerto) y Yenrry Manuel González García, estos dos
últimos prófugos.
Además de ordenar la medida privativa de libertad contra los seis imputados, el juez
José Rafael D’ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de este distrito
judicial, declaró de tramitación compleja el proceso en tanto que se cumplen todos
los elementos necesarios como la multiplicidad de imputados, de víctimas y la
criminalidad organizada.
En su relación de los hechos, el órgano persecutor demostró el rol que jugó cada
miembro de la estructura, para que se lograra el cometido criminal el pasado 24 de
mayo, con lo que, además, el Ministerio Público desmontó toda teoría infundada de
la defensa técnica de los imputados, que, según resaltó el propio tribunal, no
presentaron arraigos suficientes, cuatro de ellos ni siquiera presentaron alguno.
En respuesta a los alegatos de la defensa técnica, el juez también resaltó que los
arrestos de los preventivos se ejecutaron en estricto cumplimiento a las órdenes
previamente tramitadas por la Fiscalía de Santiago, ante la autoridad judicial
competente, confirmando así la legalidad de los mismos.
La Fiscalía de Santiago, que dispuso de sus peritos e investigadores expertos en la
materia, logró desarticular la asociación delictiva, identificando a sus miembros,
apresando y sometiendo al escrutinio judicial a seis de ellos, en tanto que persigue a
dos que permanecen prófugos, en labores que desarrolla junto a la Dirección de
Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
Los preventivos enfrentan cargos por homicidio en perjuicio de la víctima Ambrosio
de Jesús Núñez, así también por asociación de malhechores, robo agravado, tentativa
de homicidio contra dos de las víctimas y el uso de armas de fuego.
En la instancia que este órgano puso a disposición del juzgador, detalló que los peritos
de los organismos que colaboran en las pesquisas junto a la Fiscalía, analizaron sendas
evidencias materiales, imágenes de las cámaras de videovigilancia, así como el perfil
criminal de los implicados, quienes se conformaron en organización y planificaron los
hechos, previendo, para ello, la compra de armas de fuego cortas y largas de alto
calibre, pasamontañas, gorras, manojos de tie rack (Tairrá), guantes negros
desechables, chalecos antibalas y bultos.
La Fiscalía, entre otros elementos, tiene en su poder un fusil calibre 223 y múltiples
cápsulas ocupadas a los detenidos; en tanto que, también, ha logrado recuperar 1.5
millones de pesos en efectivo que fueron sustraídos de la sucursal bancaria.
El órgano persecutor demostró al tribunal que los imputados se constituyeron en
asociación criminal, por cuanto se reunieron semanas previas al hecho y planificaron
dirigirse a la entidad financiera, ubicada en el Supermercado La Fuente Fun, en la
avenida Antonio Guzmán Fernández esquina Francisco Augusto Lora, del sector La
Barranquita.
La entidad financiera por medio de sus abogados se adhirió a la petición de la Fiscalía
de Santiago y declaró que, más allá de la afectación económica que ha sufrido, con la
irrupción de los maleantes a sus oficinas, hay un agravio emocional y psicológico que
ha tocado muy de cerca a toda la familia Banreservas, por cuanto se adhería a la
petición del Ministerio Público en solicitud de una ejemplar medida preventiva.
Los hechos previamente citados constituyen una violación a los artículos 2, 295, 265,
266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, que sancionan los tipos penales
por homicidio y tentativa de homicidio, asociación de malhechores y robo agravado.
Así también, estos imputados se enfrentan a cargos por transgresión a los artículos
66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados.
